3-diciembre-2009 FINANCIACIÓN AUDITORIO

NOTA DE PRENSA

2 - diciembre - 2009

A cuenta de la FINANCIACIÓN del AUDITORIO, estamos viviendo de nuevo el lamentable espectáculo de dos partidos empeñados en acusar al de enfrente y no en solucionar el problema de los ciudadanos de Burgos.

Ambos tienen razón pero el pato lo pagamos los demás:

-          Es un agravio que el Gobierno central financie con 30 millones de euros el auditorio de León y con una cantidad ridículamente menor el de Burgos.

-          También es un agravio que la Junta financie al 100 % el auditorio de Valladolid y no el de Burgos.

-          Consecuencia: los dos han sido injustos con los burgaleses. Es así de sencillo.

Desde UPyD pedimos que los dos gobiernos (central y autonómico) financien el 40% del auditorio cada uno, debiendo aportar el Ayuntamiento el 20% restante

Y pedimos que las instituciones dejen de actuar con la discrecionalidad con que lo vienen haciendo ya que eso sólo genera injusticias, agravios comparativos y el desprestigio de  los políticos y de la actividad política en general.

UPyD reclama unos criterios objetivos y transparentes en dichas inversiones, al margen absolutamente del color político coyuntural de cada administración, y un deslinde claro y público de las  competencias de cada administración y de la financiación que cada una debe asumir, así como planes estratégicos por objetivos que fijen las inversiones públicas.

Existen muchos ámbitos con competencias compartidas de las administraciones (estatal, autonómica, provincial y municipales) en los que los ciudadanos asistimos atónitos al espectáculo de la disparidad de criterio en las inversiones públicas, sin que ello nos exima como contribuyentes de pagar religiosamente nuestros impuestos a todas ellas; pero eso sí, contemplando cómo determinadas obras unas veces las asume el estado, otras la autonomía y en otras le toca pechar a la municipalidad.

Consideramos que, igual que un ciudadano no puede eludir sus impuestos por desacuerdo con el color político del gobierno de una administración, éstas no pueden beneficiar o perjudicar a los ciudadanos por desavenencias partidistas, penalizando obras en determinado territorio o ciudad.